Desde
el Grupo de Trabajo Reforma del Sistema Electoral creemos que la reforma de la Constitución que se hizo el verano pasado no solo se
hizo a espaldas de la ciudadanía sino que, además, no se aprobó
siguiendo el procedimiento adecuado. Creemos que dicha reforma
contradice los artículos de la Constitución que requieren que
cualquier cambio debe ser consultado a la ciudadanía mediante
referendum.
Asímismo,
entendemos que el texto de la reforma entra en conflicto con partes
fundamentales de la Constitución. En particular, el texto reformado
indica que "el pago de la deuda gozará de prioridad absoluta".
Esto puede significar problemas a la hora de realizar los pagos
necesarios para garantizar el ejercicio efectivo de algunos derechos
contemplados en la Constitución.
Como
ejemplos de estos conflictos, vemos que se produce un problema si,
para pagar la deuda, se incumple con el deber del estado de promover
el desarrollo del estado social, según lo previsto en el Artículo
9.2, con el derecho de los reos a la seguridad social (art. 25.2) o
el derecho a un juicio sin retrasos innecesarios (art. 24.2).
Probablemente
el conflicto más fundamental, puesto que ya está sufriendo recortes
debido a la lucha contra el déficit, es el derecho a la educación,
que, según el Artículo 27, deberá ser universal (art. 27.1), libre
(art. 27.1), y obligatoria y gratuita en los niveles básicos (art.
27.4), además de programada con participación efectiva de todos los
sectores afectados (art. 27.5).
En
cualquier caso, hay varias partes fundamentales de la Constitución
que necesitan que se efectúen unos gastos e inversiones que ahora
están supeditados al objetivo de déficit. Así que esas partes
fundamentales van a verse afectadas y cuando eso sucede, estos
cambios sólo se pueden aprobar mediante un mecanismo más exigente,
que implica un referéndum. Por eso nos planteamos presentar
un recurso de amparo al Tribunal Constitucional para reclamar que se
lleve a referéndum la reforma constitucional.
Aún conscientes de la dificultad de que esto sea posible, creemos,
en cualquier caso, que es una buena forma de hacer presión social
para denunciar la manera en que se ha llevado a cabo el proceso.
Para
conseguir el mayor apoyo posible necesitamos trabajar con
instituciones y grupos que se vean directamente afectadas por esta
reforma además de contar con el apoyo de instituciones como el
Defensor del Pueblo, que puede presentar un recurso de
inconstitucionalidad, si el de amparo es rechazado. Para ello
necesitamos una gran difusión del proyecto y el uso masivo de medios
de comunicación.
Este
proyecto requiere de activistas expertos en legislación (abogados,
jueces, etc.), en comunicación (periodistas, bloggers,
administradores de redes, etc.), pero también de ciudadanos y
ciudadanas con ganas de aprender e implicarse en la acción política.
Este es un proyecto transversal que afecta a toda la ciudadanía y
requiere por ello de la implicación de todas las personas y
colectivos posibles.
