Recurso sobre la reforma constitucional

Desde el Grupo de Trabajo Reforma del Sistema Electoral creemos que la reforma de la Constitución que se hizo el verano pasado no solo se hizo a espaldas de la ciudadanía sino que, además, no se aprobó siguiendo el procedimiento adecuado. Creemos que dicha reforma contradice los artículos de la Constitución que requieren que cualquier cambio debe ser consultado a la ciudadanía mediante referendum.

Asímismo, entendemos que el texto de la reforma entra en conflicto con partes fundamentales de la Constitución. En particular, el texto reformado indica que "el pago de la deuda gozará de prioridad absoluta". Esto puede significar problemas a la hora de realizar los pagos necesarios para garantizar el ejercicio efectivo de algunos derechos contemplados en la Constitución.

Como ejemplos de estos conflictos, vemos que se produce un problema si, para pagar la deuda, se incumple con el deber del estado de promover el desarrollo del estado social, según lo previsto en el Artículo 9.2, con el derecho de los reos a la seguridad social (art. 25.2) o el derecho a un juicio sin retrasos innecesarios (art. 24.2).

Probablemente el conflicto más fundamental, puesto que ya está sufriendo recortes debido a la lucha contra el déficit, es el derecho a la educación, que, según el Artículo 27, deberá ser universal (art. 27.1), libre (art. 27.1), y obligatoria y gratuita en los niveles básicos (art. 27.4), además de programada con participación efectiva de todos los sectores afectados (art. 27.5).

En cualquier caso, hay varias partes fundamentales de la Constitución que necesitan que se efectúen unos gastos e inversiones que ahora están supeditados al objetivo de déficit. Así que esas partes fundamentales van a verse afectadas y cuando eso sucede, estos cambios sólo se pueden aprobar mediante un mecanismo más exigente, que implica un referéndum. Por eso nos planteamos presentar un recurso de amparo al Tribunal Constitucional para reclamar que se lleve a referéndum la reforma constitucional. Aún conscientes de la dificultad de que esto sea posible, creemos, en cualquier caso, que es una buena forma de hacer presión social para denunciar la manera en que se ha llevado a cabo el proceso.

Para conseguir el mayor apoyo posible necesitamos trabajar con instituciones y grupos que se vean directamente afectadas por esta reforma además de contar con el apoyo de instituciones como el Defensor del Pueblo, que puede presentar un recurso de inconstitucionalidad, si el de amparo es rechazado. Para ello necesitamos una gran difusión del proyecto y el uso masivo de medios de comunicación.

Este proyecto requiere de activistas expertos en legislación (abogados, jueces, etc.), en comunicación (periodistas, bloggers, administradores de redes, etc.), pero también de ciudadanos y ciudadanas con ganas de aprender e implicarse en la acción política. Este es un proyecto transversal que afecta a toda la ciudadanía y requiere por ello de la implicación de todas las personas y colectivos posibles.